Comunidad de Pichirhua lleva caso de consulta previa al Tribunal Constitucional
La Comunidad Campesina de Pichirhua, reconocida también como pueblo indígena originario mediante resolución oficial, ha presentado un Recurso de Agravio Constitucional ante el Poder Judicial. Esta acción responde a la decisión de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, que declaró improcedente su pedido de consulta previa respecto a concesiones mineras otorgadas en su territorio comunal. Desde hace dos años, la comunidad ha impulsado un proceso legal en defensa de sus derechos colectivos, iniciando con una demanda constitucional de amparo contra el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Alegan que dicha entidad otorgó concesiones mineras sin haber realizado el proceso de consulta previa, libre e informada, pese a que sus tierras comunales están reconocidas como territorio ancestral de un pueblo indígena originario. En dos instancias judiciales previas, tanto el juzgado como la sala superior rechazaron la demanda de amparo. Ante esta situación, la comunidad elevó un Recurso de Agravio Constitucional, mecanismo que permite solicitar la revisión del caso por parte del Tribunal Constitucional cuando se considera que se han vulnera do derechos fundamentales. El derecho a la consulta previa está reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tratado con rango constitucional en el Perú. Según la comunidad, toda concesión minera que afecte sus territorios debe pasar obligatoriamente por este proceso de consulta, dada su condición de pueblo indígena originario, lo cual les otorga derechos colectivos específicos sobre el uso, disfrute y protección de su territorio. Actualmente, el Tribunal Constitucional ya ha admitido el caso a trámite mediante la Resolución N.º 020, y será esta instancia la que emita el veredicto final. La comunidad de Pichirhua espera que el Tribunal garantice la protección de sus derechos fundamentales y colectivos, y siente que este fallo será determinante para el respeto del marco legal vigente sobre pueblos indígenas en el país.
