Apurímac: volver a cobrar peajes exige también volver a cumplir con las carreteras
La reanudación de las operaciones en los peajes de Pilluni y Ccasacancha, luego de más de cuatro años de permanecer inactivos tras ser incendiados durante las protestas sociales de 2022, marca el restablecimiento de un servicio clave para la infraestructura vial del sur del país. Sin embargo, esta decisión también reabre un debate que involucra a miles de transportistas, pasajeros y ciudadanos que diariamente recorren la carretera entre Apurímac, Cusco y Lima. El cobro de un peaje no debe entenderse únicamente como una obligación para el usuario, sino también como un compromiso de la concesionaria y del Estado de garantizar carreteras seguras, transitables y con un mantenimiento permanente. Quienes pagan este servicio esperan encontrar una vía en buenas condiciones, con adecuada señalización, atención ante emergencias y obras que justifiquen el costo asumido. Los hechos ocurridos en 2022 dejaron en evidencia que la violencia nunca es el camino para resolver las diferencias. La destrucción de infraestructura pública y concesionada terminó afectando a todos. Hoy corresponde mirar hacia adelante, fortaleciendo el diálogo, el respeto a la ley y la responsabilidad compartida entre autoridades, empresas y ciudadanía. La reapertura de estos peajes representa una oportunidad para recuperar la normalidad en un corredor estratégico para el transporte, el comercio y la minería. Pero también debe convertirse en el inicio de una etapa de mayor transparencia, donde los usuarios puedan comprobar que los recursos recaudados se traducen en mejores carreteras y un servicio eficiente. Solo así el peaje dejará de ser visto como un simple pago y pasará a ser una inversión en seguridad y desarrollo para el sur del Perú.
