Especialistas señalan que combatir la minería ilegal requiere fortalecer la acción del Estado
El combate contra la minería ilegal demanda una respuesta firme y coordinada de las instituciones del Estado, coincidieron diversos especialistas y organismos nacionales. El abogado constitucionalista Lucas Ghersi, en diálogo con Pulso Apurimeño hace algunas semanas, señaló que el respeto al Estado de derecho es indispensable para garantizar la seguridad y el desarrollo del país, mientras que la Constitución Política del Perú, en su artículo 166, establece que corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como prevenir, investigar y combatir la delincuencia. En ese marco, los operativos policiales forman parte de las funciones que la ley asigna al Estado para enfrentar actividades ilícitas. La preocupación también ha sido expresada por organismos internacionales. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advierte que la minería ilegal suele estar vinculada al crimen organizado, el tráfico de personas, la corrupción y otros delitos que afectan la gobernabilidad. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que el fortalecimiento del Estado de derecho y de las instituciones públicas resulta clave para reducir las economías ilegales, mejorar la confianza ciudadana y generar condiciones favorables para el desarrollo económico. En el Perú, el Código Penal sanciona la minería ilegal mediante el artículo 307-A, mientras que el Decreto Legislativo N.° 1100 establece medidas para la interdicción de esta actividad. En ese contexto, especialistas consideran que las acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y las entidades de fiscalización son fundamentales para proteger a las comunidades, preservar los recursos naturales y evitar que organizaciones criminales continúen expandiendo actividades ilícitas en distintas regiones del país.
