Trabajo colaborativo entre el estado y la empresa privada es necesario para frenar corrupción que favorece avance de la minería ilegal
La corrupción y la debilidad de las instituciones estarían facilitando que la minería ilegal siga ganando terreno, por lo que enfrentarla requiere algo más que retirar maquinaria o decomisar explosivos. Según informó Arturo Bazán Vigo, director regional en Cajamarca de Pro Minería para la Red de Comunicación Regional, el Estado, la empresa privada, la academia y la sociedad civil necesitan trabajar de manera conjunta para atacar las causas que permiten el crecimiento de esta actividad. Bazán advirtió que las grandes cantidades de dinero generadas por la minería ilegal terminan alimentando un círculo de corrupción que debilita al propio Estado. Por ello, planteó responder con mayor institucionalidad, autoridad, transparencia y trazabilidad. También señaló que los gobiernos regionales y locales deben participar en esta tarea, especialmente en aquellos territorios donde la ausencia estatal deja espacio para el crecimiento de actividades ilegales. Aunque las declaraciones están referidas a la situación de Cajamarca, el planteamiento abre una discusión que también resulta relevante para regiones mineras como Apurímac: cómo evitar que las intervenciones se limiten a operativos aislados. Para Bazán, mientras no exista presencia del Estado, desarrollo territorial y coordinación entre instituciones, empresas y población organizada, las estructuras ilegales tendrán recursos para reponer maquinaria y continuar operando.
